EL TRIBUNAL CONSTIUCIONAL ANULA LA PLUSVALÍA

EL TRIBUNAL CONSTIUCIONAL ANULA LA PLUSVALÍA

La crisis económica puso de manifiesto la irracionalidad e injusticia producida cuando se debía pagar un impuesto por lo que se había ganado al vender un inmueble, cuando la realidad era que se había perdido dinero. Los Ayuntamientos gravaban las ventas de los inmuebles con un impuesto que, en principio, era un porcentaje del incremento del valor que había experimentado el referido inmueble en el periodo transcurrido entre la compra y la venta. Es decir, se pagaba un porcentaje sobre lo que se había ganado, algo racional y justo. Con el paso del tiempo este impuesto, técnicamente llamado “Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana”, o popularmente “la plusvalía”, se calculaba por medió de complejas fórmulas y módulos, normalmente vinculados al valor catastral del inmueble en cuestión.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la grave crisis económica global, casi todos los terrenos se devaluaron en mayor o menor proporción. Las personas o empresas que adquirieron inmuebles antes del  gran crack” y los vendieron después, han sufrido grandes pérdidas, pero se encontraron con la sorpresa de que debían pagar un alto impuesto por un dinero que, supuestamente,  habían ganado, cuando en realidad lo habían perdido. Todo ello porque los ayuntamientos seguían aplicando sus artificiales fórmulas y módulos, originando innumerables reclamaciones y litigios judiciales, debiendo, los ciudadanos, aportar tasaciones de sus inmuebles. Estas valoraciones que hacíamos en Arquitasa, eran dobles, porque se debían aportar los valores en la fecha de compra y en la de venta.

La resolución del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del mismo, Adela Asua, determina que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. Es decir, para el Constitucional no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica. Así, la sentencia dictada por el pleno del TC obligará a reformar este impuesto local, que representaba una importante fuente de ingresos para todos los ayuntamientos. El TC considera inconstitucionales los impuestos que afecten a “aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticiaLeer más aquí

 

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