En los últimos veinte años la Comunidad de Madrid aprobó casi 6.000 planes urbanísticos, lo que propició que el suelo construido, o apto para serlo, aumentara en esas dos décadas del 2 al 10% del conjunto del territorio. La mayoría, casi la totalidad, de los referidos planes eran de iniciativa privada. La Ley del Suelo determinaba que el 10% del aprovechamiento generado sería cedido gratuitamente a los municipios para que estos construyeran viviendas públicas y equipamientos. El citado porcentaje aumentó y disminuyó varias veces según quien fuera el equipo de gobierno, pero nunca bajó de la referida décima parte.

Se calificó suelo, en los citados planes y en sus sucesivas modificaciones, para construir aproximadamente 12.000.000 m2, por lo que se cedió, o se debería haber cedido, terrenos donde los ayuntamientos madrileños o la Comunidad de Madrid podrían haber construido 1.200.000 m2, es decir, el equivalente a 12.000 viviendas de 100 m2, además de diferentes equipamientos públicos. Este suelo desaprovechado es diferente e independiente del suelo también obligatoriamente cedido por ley para espacios libres, zonas verdes o reservas para infraestructuras.

Si la Comunidad de Madrid hubiera construido estas viviendas públicas o por lo menos hubiera incentivado a los promotores privados a construir viviendas de protección oficial de precio regulado, además de haber contribuido a resolver el problema habitacional de muchas familias habría ayudado a frenar la especulación además de bajar los precios del conjunto del parque de viviendas. Parte de este suelo público ha sido privatizado, vendiéndose, con precios muy asequibles, a Fondos de Inversión, muchos de ellos de fuera de nuestras fronteras. Es decir, grandes cantidades de suelo público que podían haber resuelto muchos problemas, además de contribuir a abaratar la vivienda, se han vendido, a bajos precios, a inversores internacionales que están ayudando a generar una nueva burbuja inmobiliaria. Leer más aquí